Por: Diana Carolina Vivas – Coordinadora de la Estrategia de Incidencia
Desde 2018, en Colombia, más de sesenta organizaciones agrupadas en la Alianza Colombia Libre de Fracking (ACLF) han trabajado intensamente para concientizar al país sobre la necesidad de prohibir esta técnica. Una de sus principales estrategias ha sido incidir en las decisiones de quienes tienen la responsabilidad de legislar sobre el tema, promoviendo la aprobación de una ley que impida este tipo de explotación.
El quinto y más reciente esfuerzo al respecto, es la radicación del proyecto de ley (PL) 150/2024S “Por medio de la cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y producción de yacimientos no convencionales (YNC) y la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa en secciones horizontales conocida como fracking (…)”. Este proyecto, que cuenta con la autoría de 80 parlamentarios, fue radicado el pasado 21 de agosto de 2024; sin embargo, ya han pasado más de tres meses sin que se dé curso al debate. La elaboración de la ponencia quedó a cargo de ocho senadores, la mayoría de los cuales tiene manifiestas intenciones de hundir el proyecto, lo que implicará, en la práctica, avalar el fracking y la explotación de los YNC en Colombia.
Cabe anotar que, en el mundo, ya son ocho los países que han prohibido el fracking, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Escocia, España, Francia, Irlanda y Uruguay, los cuales han entendido y comprobado los graves daños que ocasiona esa técnica, como el uso y contaminación de grandes cantidades de agua, afectaciones al suelo y al aire, sismicidad inducida, radioactividad, y con todo ello, deterioro de la salud de quienes habitan los territorios explotados y profundizando además la crisis climática.
La odisea de intentar que el Congreso de la República prohíba el fracking y los YNC en Colombia
Como indicamos, es la quinta vez que la Alianza Colombia Libre de Fracking intenta prohibir la técnica mediante la expedición de una ley, los tres proyectos de ley más recientes son: PL. 336/2020S, PL. 114/2022S – 413/2023C y PL. 150/2024S. De éstos, el que alcanzó a llegar más lejos en los debates fue el de 2022, que fue aprobado en la Comisión Quinta y en la plenaria del Senado.
Alcanzar esa aprobación no fue fácil, pues el senador José David Name, que ostenta un rol con gran poder en la comisión, realizó una ponencia que modificaba sustancialmente el proyecto, ante lo cual la senadora Esmeralda Hernández, presentó una ponencia positiva bien argumentada, que defendía la importancia de aprobarlo tal cual había sido radicado. Luego de intensos debates, se llegó al acuerdo de retirar del texto del proyecto la prohibición de explotar gas asociado a mantos de carbón y, con ello, seguir adelante con las discusiones. Finalmente, en la plenaria del Senado, a pesar de las presiones de los opositores a la prohibición, el proyecto fue aprobado con esa modificación.
La situación se complicó aún más cuando el proyecto llegó a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes para su tercer debate. En diciembre de 2023, tres parlamentarios presentaron una ponencia favorable al proyecto, mientras que otros ocho ponentes, radicaron una propuesta para archivarlo. Además, el presidente de la Comisión bloqueó el debate, pues nunca incluyó el proyecto en el orden del día. Como resultado, al agotarse el periodo de dos años establecido para completar los cuatro debates reglamentarios, el proyecto quedó archivado, dando fin a un esfuerzo colectivo de varios años por proteger el agua y los territorios colombianos de esta técnica.
El panorama con el actual proyecto de ley 150, que una vez más reposa en la Comisión Quinta de Senado, no es más alentador, toda vez que el senador José David Name, quien en la discusión del PL anterior había sumado su apoyo bajo la condición de que la explotación de gas en mantos de carbón fuera excluida de la prohibición, esta vez manifestó que no lo apoya, y con él, los demás congresistas del Partido de la U, el Centro Democrático, Cambio Radical, y Partido Conservador, muy probablemente también votarán para hundirlo; si las votaciones de este proyecto fueran hoy, tendría más de la mitad de votos en contra.
A este nefasto panorama se suma la radicación, por parte de un amplio sector del Centro Democrático, de un proyecto de ley que intenta revivir los pilotos de fracking. Se trata del PL. 327/2024C “Por medio del cual se garantiza la soberanía y autosuficiencia energética del país, se permiten los proyectos piloto de investigación integral sobre yacimientos no convencionales mediante la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal”; y de otro que promueve fuertemente la explotación de gas: el PL. 328/2024C “Por medio de la cual se declara el gas natural como energético estratégico para la transición energética”.
Ambos proyectos van en contravía de la iniciativa de la ACLF, respaldada tanto por la movilización de organizaciones afectadas por los proyectos de fracking, como por datos científicos y argumentaciones de quienes conocen, estudian y comprenden las graves consecuencias de este tipo de explotaciones y, por lo tanto, apoyan firmemente su prohibición. La continua inversión en combustibles fósiles no solo viene siendo calificada como obsoleta por la banca multilateral, sino que también contradice los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París de 2015. Este acuerdo advierte que, sin una reducción drástica en la quema de combustibles fósiles a nivel mundial, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán la temperatura global más allá de 1.5 °C, con impactos irreversibles para el planeta y las comunidades más vulnerables.
¿Legislar a favor de quién?
El Congreso de la República de Colombia tiene como función principal formular las leyes; los congresistas son elegidos popularmente, por ende deben acatar el mandato que les fue otorgado por sus electores, actuando en favor del bien común, y cumpliendo la Constitución Política, que tiene entre sus principios fundamentales que el Estado y sus respectivas instituciones y autoridades deben velar por el interés general, el bienestar de toda su población, la protección y conservación del ambiente, el respeto y garantía de los derechos fundamentales, entre otros.
Si existen tantas pruebas de los terribles daños que ocasionan el fracking y la explotación de YNC, para el agua, el suelo, y los seres humanos y no humanos que lo habitan, ¿Por qué es tan difícil lograr que el Congreso apruebe una ley que los prohíba? ¿Por qué los congresistas, que están supeditados al mandato popular se niegan a legislar para proteger el ambiente, el territorio y su población? ¿Cuáles son los intereses que realmente representan aquellos congresistas que hunden un proyecto de ley de prohibición del fracking y, a la vez, promueven otro que autoriza la explotación de hidrocarburos utilizando dicha técnica?
Una respuesta común a esos interrogantes es que, en su mayoría, los congresistas que van a votar para avalar el fracking y la explotación de YNC, representan los intereses particulares de las grandes industrias extractivas que, a través de financiación de campañas políticas, y de conceder prebendas, cooptan las decisiones en instituciones públicas, incluyendo el Congreso de la República. Si bien no es tan fácil acceder a la información que prueba ese relacionamiento (directo o indirecto) entre las industrias extractivas y algunos congresistas, lo que sí es probado y evidente es que gremios como la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) y Naturgas son ampliamente escuchados por los congresistas profracking, en reuniones públicas y privadas.
¿Qué le queda a la ciudadanía que tiene derecho a gozar de un ambiente sano, a vivir en territorios sin fracking y sin la explotación de YNC?, ¿qué pueden hacer la ACLF y todas las organizaciones y personas que están impulsando la aprobación de una ley que prohíba dichas técnicas de explotación de hidrocarburos? Aunque está claro que no basta con presentar proyectos de ley en el Congreso o realizar movilizaciones en los territorios afectados y marchas nacionales, estas acciones han sido fundamentales para visibilizar las consecuencias del fracking y mantener viva la lucha. La ACLF ha liderado estas iniciativas durante años, y es crucial que lo siga haciendo.
Por último, recordemos que los congresistas están obligados a declarar quiénes son y han sido sus financiadores para llegar a ocupar este importante cargo de elección popular1; también están obligados a declarar los conflictos de intereses que tengan2, y a declararse impedidos de participar en los debates o votaciones de un proyecto de ley “cuando exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho (…)”3. Es más, mediante la Sentencia C-302 de 2021, la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible una modificación que había introducido el Congreso al artículo 286 de la Ley 5, que pretendía eliminar el conflicto de interés (…) “Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista.”
Ese precepto no soportó el análisis de constitucionalidad, pues a todas luces, violaba varios de los principios rectores de las funciones de los congresistas, en su sentencia, la Corte recordó que los congresistas, únicamente están al servicio del Estado y la comunidad, “y no de los financiadores privados de sus campañas electorales (…) deben actuar consultando el bien común y no los intereses corporativos o regulatorios de los sectores de los cuales recibieron beneficios económicos (…).”
Considerando todo lo anterior, es imperativo que los congresistas de las Comisiones Quintas, tanto de Cámara como de Senado, no sólo declaren públicamente quiénes han sido sus financiadores directos, sino que se declaren impedidos de votar en los proyectos de ley 327/2024C, 328/2024C y 150/2024S si han recibido financiación o prebendas del sector de extracción de gas y petróleo.
Por su parte, la ciudadanía tiene un rol fundamental en este proceso, exigiendo transparencia en los debates, alertando sobre las inconsistencias de los congresistas que deben legislar por el bien común, pero en su lugar, permiten el fracking, especialmente en el contexto de una crisis climática cuyos efectos son cada vez más evidentes: sequías extremas, lluvias torrenciales, escasez de agua y huracanes devastadores.
Es necesario que logremos que los congresistas enfrenten su responsabilidad con el país, conscientes de que sus votos impactan no solo a millones de personas, sino también al futuro de nuestros territorios. Cada uno de nosotros puede contribuir a esta presión colectiva, haciendo valer nuestra voz para exigir decisiones que prioricen la vida, la justicia climática y el bienestar de las comunidades por encima de los intereses de las industrias fósiles.
- Así lo establece la Sección IV del Capítulo XI de la Ley 5 de 1992. ↩︎
- Al respecto, la Constitución Política en el artículo 82 consagra que: “Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones.” ↩︎
- Artículo 286 de la Ley 5 de 1992. ↩︎
