Desde Censat Agua Viva hacemos un llamado urgente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Minas y Energía para que tomen medidas drásticas para frenar la crisis ambiental causada por la minería ilegal en Mercaderes, Cauca. Las autoridades locales, como la Corporación Autónoma del Cauca y las Alcaldías Municipales, también tienen la responsabilidad de proteger el ecosistema del río Sambingo, así como el resto de las cuencas hidrográficas del Patía y el norte de Nariño.

Cinco años después de la histórica consulta popular en Mercaderes, Cauca, en la que el 99.56 % de la comunidad votó en contra de la explotación minera, el río Sambingo enfrenta una nueva amenaza por ese tipo de extractivismo. A pesar de este hecho, imágenes recientes captadas por drones han revelado la preocupante presencia de maquinaria amarilla, utilizada para extraer minerales de manera clandestina y sin control.

La minería ilegal lleva años desangrando al Cauca. Diversas organizaciones comunitarias y ambientales, como el Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo (TCAM), la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, y la Corporación Integral Social Mercadereña (Cisme), han denunciado de manera consistente los graves impactos ambientales que generan estas actividades en ríos como el Sambingo y el Mayo.

Sin embargo, la situación ha empeorado con la reaparición de maquinaria amarilla en las riberas de estos ríos, lo que no solo está destruyendo ecosistemas vitales, sino también contaminando las fuentes de agua de las que dependen miles de personas. Estas prácticas ilegales vulneran, además, los derechos fundamentales de las comunidades que habitan y defienden estos territorios, sumiéndolas en una constante incertidumbre.

Es crucial destacar que esta devastación ambiental no se limita al río Sambingo. Las actividades ilegales han afectado también otros ríos importantes de la región, como el Río Mayo en el departamento de Nariño, el Micay, el Quilcacé y el Ruíz, con consecuencias irreparables para el equilibrio ecológico y el bienestar comunitario.

La comunidad de Mercaderes, que hace cinco años se unió para frenar la minería a través de una consulta popular, sigue firme en su compromiso de defender su territorio y proteger su fuente vital de agua. No obstante, las recientes actividades ilegales demuestran que tanto las autoridades locales, como la Corporación Autónoma del Cauca, y las Alcaldías Municipales, como autoridades del orden nacional, no han sido capaces de garantizar la protección efectiva del río Sambingo ni de quienes habitan esta región.

Por eso el pasado 9 de agosto, durante la conmemoración del quinto aniversario de la Consulta Popular Legítima por el agua, se llevó a cabo una audiencia pública en Mercaderes, donde se expusieron las nuevas amenazas que enfrenta el río, y se exigió un compromiso claro a dichas autoridades, para combatir la minería ilegal y garantizar la protección efectiva del río Sambingo y de su comunidad.

Sin embargo, lo más alarmante es que, a pesar de la gravedad de la situación, las autoridades locales no asistieron a la audiencia, lo que pone en duda su compromiso con la defensa del agua y el bienestar comunitario y da lugar a un vacío institucional que refleja falta de interés en la protección de los derechos territoriales, así como una alarmante negligencia ante la crisis ambiental que afecta no solo a Mercaderes, sino a todo el Cauca.

Es fundamental que la Corporación Autónoma Regional del Cauca, así como la Alcaldía de Mercaderes, respondan de inmediato a esta emergencia, de igual forma es importante que los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Ministerio de Minas y Energía den seguimiento a las acciones acordadas durante la audiencia pública del 9 de agosto en términos del establecimiento de una mesa interinstitucional de seguimiento a la situación de minería ilegal en la región.

Se debe impedir que la minería ilegal siga avanzando sin control, devastando ríos y despojando a las comunidades del acceso al agua, el derecho a un ambiente sano y mermando sus posibilidades de tener soberanía alimentaria. Las autoridades deben asumir su responsabilidad, no solo en la erradicación de estas actividades ilegales, sino en la reparación del daño causado y la protección de las fuentes hídricas que garantizan la vida en estos territorios.

La lucha por la protección del río Sambingo está lejos de terminar. Las comunidades están listas para continuar defendiendo su territorio, pero necesitan que el Estado actúe con firmeza y responsabilidad. El control territorial debe ser una prioridad, y las voces de quienes viven en estas tierras deben ser escuchadas y respetadas. No es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de vida y dignidad.