
Eliana Carrillo, profesional del área de Energía y Justicia Climática
“Ese discurso barato de los ambientalistas extremos pues que vayan y se lo vendan a otro que no sepa de qué se trata el fracking, pero conmigo va a haber fracking a lo que dé, como corresponde” Abelardo de la Espriella (candidato de la extrema derecha).
Colombia se encuentra en un momento decisivo, en donde dos proyectos políticos muy distintos se enfrentan en el escenario electoral. En esta nota abordaremos una de las posturas críticas sobre lo ambiental: la técnica del fracking. En los últimos meses, en el marco del contexto electoral, candidatos de derecha han agudizado las narrativas que defienden y promueven implementar el fracking en nuestro país. Este texto, tiene como objetivo analizar los discursos que se construyen como verdades, en donde se apela al fracking como solución al déficit fiscal y a la seguridad energética; al gas como combustible de la transición, y a la implementación del fracking como un asunto meramente técnico. En el marco de la crisis climática, este asunto debe ser tomado con la rigurosidad que amerita, reconociendo la evidencia científica sobre los impactos sociales y ambientales. En ese orden de ideas, ¿tiene sentido que Colombia apueste su futuro económico y energético a una tecnología costosa, riesgosa y asociada a una industria que el mundo necesita dejar atrás?
A finales de abril del 2026, se realizó en Colombia la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. Este fue un evento histórico porque por primera vez se reconoció la responsabilidad del extractivismo fósil en la crisis climática, pues la quema de combustibles fósiles es responsable de alrededor del 76% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Así, se reunieron diferentes países, gobiernos y sectores a dialogar sobre las posibles salidas y alternativas para una transición energética. De allí surgieron compromisos como la elaboración de Hojas de Ruta para la salida de combustibles fósiles por país, la consolidación de un Panel de Expertos y la realización de una segunda conferencia en Tuvalu, un estado insular en el océano pacífico el cual ha sufrido los impactos de la crisis climática. Este evento marca un hito donde se consolida un consenso mundial frente a la necesidad de una salida planeada de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas). A pesar de estos consensos mundiales, candidatos de derecha insisten en mantener y ampliar la frontera extractiva fósil, desconociendo las causas de la crisis climática.
- La promesa de la dupla entre seguridad energética y seguridad fiscal
Uno de los asuntos que ha estado en la discusión pública es la relación entre la seguridad energética y la seguridad fiscal. Abelardo de la Espriella señala enfáticamente en su programa de gobierno que:
“Colombia no puede seguir tratando el sector minero-energético con prejuicios ideológicos ni improvisación, porque de él dependen la seguridad energética, la competitividad, el empleo, la estabilidad fiscal y una parte decisiva de la inversión regional y social”.
De la Espriella propone recuperar la exploración y la producción de petróleo y gas de la mano con la autosuficiencia energética. En una nota, publicada el 21 de abril del 2026, menciona que desde agosto del 2026 expedirá decretos que autoricen nuevos contratos de petróleo y gas y reactivar los pilotos de exploración no convencional en Colombia, lo cual habilitaría el fracking en nuestro país. En dicha publicación menciona que:
“Sin el petróleo, el déficit fiscal no tiene solución. El candidato conectó la producción petrolera directamente con el problema fiscal que Colombia heredará en agosto de 2026. El déficit fiscal está en 6,4 % del PIB. La deuda neta supera el 58,5 % del PIB. Corregir eso sin crecer y sin los ingresos del sector minero-energético es matemáticamente imposible. (…) «No solamente estoy pensando en tapar el hueco fiscal. Estoy pensando en crecer. Y eso solamente es posible con el principal motor de la economía colombiana». El petróleo no es la solución de todo. Pero sin el petróleo no hay solución para nada.”
Ante esto, es importante señalar que a nivel mundial hay un agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, ello tiene una relación con los costos de la energía y, con que cada vez este tipo de proyectos son y serán menos rentables, por lo que tienen altos riesgos de convertirse en activos varados. En el caso del fracking, esto es importante ya que la vida de los pozos es breve, puesto que hay una acelerada declinación de la producción en los primeros años. Ello requiere una reflexión sobre la estructura de costos que implica pensar en la inversión y el gasto en la producción, para una tasa de retorno energética mucho menor que los yacimientos convencionales. El Consejo Permanente para la Transición Energética Justa publicó un análisis sobre la rentabilidad y viabilidad del negocio de fracking de Ecopetrol en la cuenca del Permian, Estados Unidos. La investigación muestra que las ganancias de la filial han caído, y que la operación requiere de inversiones constantes del capital público para contrarrestar la rápida declinación de los pozos, lo que ha elevado la deuda sin recuperar la inversión inicial.
Además, algunos análisis económicos han propuesto situar la rentabilidad de estos proyectos a la luz de las condiciones de los países latinoamericanos en donde es importante contemplar el encarecimiento tecnológico del sur global, la necesidad de importar equipos, servicios y know-how, las condiciones geomorfológicas particulares y una conflictividad social, muchas veces más intensa (Santiago Malaver, 2026, texto en edición). También, han propuesto la necesidad de evaluar la rentabilidad de este tipo de proyectos considerando las externalidades e impactos sociales y ambientales.
Colombia no es un país petrolero, apenas contamos con el 0.11% de reservas de petróleo mundial y el 0,063% de las de gas, a pesar de ello, tenemos una dependencia a los combustibles fósiles en términos de exportaciones y recaudo fiscal. No obstante, en el contexto descrito de volatilidad de precios y baja rentabilidad económica, impactos socioambientales y crisis climática, invertir en el fracking es para Colombia una incertidumbre y un riesgo mayor. Colombia no puede seguir argumentando que lo que le ha dado rentabilidad en el pasado es lo que debe continuar, mantener la dependencia a los combustibles fósiles es solo dilatar la necesaria y urgente transición energética. De ahí que un enfoque en la seguridad energética y fiscal requiere pensarse la disminución planeada de la dependencia a los combustibles fósiles, la diversificación de la matriz al tiempo que se amplían las propuestas productivas para el país.
Iván Cepeda, candidato progresista del Pacto Histórico hace mención de la transición energética y ecológica con justicia social y critica el enfoque de la derecha, que pretende explotar la naturaleza, atentar contra mecanismos de participación como las Consultas Previas y considerar a las comunidades indígenas y afrodescendientes como enemigos del desarrollo. Frente a la seguridad energética, Cepeda señala la necesidad de que todos los municipios cuenten con energía, priorizando fuentes de energía alternativa y limpia, identificando que en la actualidad, el 45% de los municipios poseen problemas de abastecimiento de energía. El programa de Cepeda menciona que instalar mayor capacidad de producción de energía eléctrica en los municipios podría abaratar las tarifas, de igual manera, contempla que el proceso de transición no debe significar desempleo para las y los trabajadores del sector. La propuesta de este candidato insiste en una transformación productiva desde los territorios la cual genere empleos dignos y oportunidades de vida.
- El gas como combustible de la transición y la adición de energías renovables a la par de más extractivismo fósil
Otra de las ideas que ha circulado ampliamente es que el gas es un combustible de transición y que es más “limpio”. Abelardo De la Espirella en su plan de gobierno propone tratar el gas como un asunto estratégico acelerando proyectos costa fuera y en yacimientos no convencionales. El gas fósil se compone en gran parte de metano, uno de los Gases de Efecto Invernadero, y representa el 11% de las emisiones globales, siendo 28 veces más potente que el dióxido de carbono para retener el calor en la atmósfera. En un período de 20 años, su poder de calentamiento es 80 veces mayor que el del dióxido de carbono. Así, se estima que el metano es responsable del 30% del aumento de la temperatura global desde la revolución industrial. Es así, que mantener la explotación de gas perpetúa la dependencia a los combustibles fósiles y contribuye a la crisis climática.
También es recurrente que los candidatos retomen la idea de que hay que garantizar el gas para cocinar, lo que requiere mayor profundidad y un análisis de los usos del gas por sectores, pues resulta en una forma de apelar al uso cotidiano e incidir en la opinión pública. En Colombia, el uso domiciliario del gas es apenas del 16% y son los sectores industrial, petrolero y termoeléctrico quienes consumen el 70% del gas en el país. Además, existen experiencias exitosas de reemplazo del gas por cocinas de inducción, estufas eficientes, o calentadores solares, lo que nos deja ante una conversación que no es solo técnica sino de voluntad política.
Candidatos de la derecha también han argumentado que necesitan mantener la explotación fósil para generar recursos para conservar la naturaleza, lo cual nos deja en un problema sin salida, evidencia una visión mercantilista sobre la naturaleza y un negacionismo de la crisis climática. Otra contradicción la encontramos cuando candidatos de centro y de derecha apoyan la adición de energías renovables sin ser excluyente de ampliar el extractivismo fósil. Abelardo de la Espriella apoya la implementación de energías renovables y nuevas energías (lo que incluye una política en energía nuclear), sin embargo, habla de una adición de fuentes, manteniendo la explotación de combustibles fósiles. Dicho candidato menciona que implementará una política de licenciamientos express y propone acelerar la consultas a comunidades. Esto último genera preocupación frente al derecho a la participación y la garantía del Consentimiento Previo, Libre e Informado que realmente permita a las comunidades decidir sobre el futuro de sus territorios. De nuevo puede significar que la Consulta Previa se vuelva a reducir a un requisito formal de las empresas, pasando por encima de los derechos territoriales.
Iván Cepeda ha señalado la transición energética como necesaria, lo que implica una disminución planeada de la oferta y la demanda fósil y un reemplazo por energías renovables. Dicho candidato propone promover la generación de comunidades energéticas en barrios populares y zonas rurales, las cuales tienen un potencial en descentralizar la producción energética y la diversificación de la matriz energética. Respecto a la profundización de la transición energética propone acelerar la incorporación de energías renovables no convencionales así como cumplir y superar el compromiso de reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. De manera explícita, Cepeda propone la prohibición del fracking y la exploración y explotación en yacimientos no convencionales reconociendo los impactos de estas prácticas en el agua y el subsuelo, además de su baja rentabilidad.
- Presentación de la discusión del fracking como un asunto meramente técnico
Uno de los asuntos que se ha mencionado por parte del candidato Abelardo de la Espriella es que:
“El fracking es una obra civil, es como si tu haces un edificio o haces una casa, si la haces bien no se va a caer, si haces bien el fracking no hay contaminación ambiental.” (Abelardo de la Espriella en entrevista pública).
En este punto la ciencia o la técnica se instrumentalizan para favorecer una postura política anudada a intereses económicos del sector corporativo. Si hablamos de ciencia, el IPCC ha argumentado la urgencia de actuar frente a la crisis climática, señalando que si no se toman medidas significativas, es probable alcanzar el 1.5 °C en 2030, además de que ante los continuos fracasos de los acuerdos y negociaciones sobre cambio climático, podría haber un aumento de 2 °C a largo plazo, con graves consecuencias para la vida planetaria. Además, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido que el aumento sostenido de la temperatura en los últimos tres años, más el incremento récord de las concentraciones de GEI, configura un escenario crítico frente a la meta de no superar el 1,5°C.
El fracking (fracturamiento hidráulico multietapa en pozo horizontal) es una técnica de extracción de combustibles fósiles que se usa en rocas muy compactas o de baja permeabilidad. Consiste en inyectar millones de litros de una mezcla entre agua, arenas de sílice (que implican minería) y químicos como ácido clorhídrico, poliacrilamida, sales de borato, surfactantes y metanol, a altísima presión en formaciones rocosas del subsuelo de entre 1 a 5 kilómetros de profundidad. La presión generada permite la fracturación de la roca, liberando el gas o el petróleo que luego se extrae a la superficie.
Hay quienes ha definido al fracking como una energía extrema, definición que no solo se refiere a las características de los hidrocarburos y las tecnologías sino también a un contexto en el que la explotación de petróleo, gas y carbón conllevan cada vez, mayores riesgos ambientales, geológicos, sociales y laborales, con una alto incremento de la accidentabilidad en comparación con las explotaciones tradicionales. Ante la escasez, cada vez mayor de yacimientos convencionales, las empresas y gobiernos siguen insistiendo en sostener la matriz fósil a través del fracking, las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extrapesados, las arenas bituminosas, carbón inaccesible con la minería convencional, el gas allí contenido, la recuperación mejorada de hidrocarburos en pozos maduros y la explotación offshore.
En los países donde se ha implementado esta técnica, como Estados Unidos, Canadá y más recientemente en Argentina, se han documentado ampliamente los impactos negativos tanto sociales como ambientales. Existe evidencia de la contaminación de aguas tanto subterráneas como superficiales, aumento de la sismicidad con daños ambientales y de infraestructura a causa de las actividades de perforación, profundización de la crisis climática a raíz de las emisiones de metano, aumento de los riesgos laborales, radiactividad, aumento de los índices de enfermedades relacionadas con riesgos de cáncer, problemas reproductivos, respiratorios y otras vinculadas con trastornos en el sueño, dolores de cabeza, irritación de garganta, tos, falta de aliento, neumonía, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, asma, problemas renales, de los senos paranasales, fatigas, jadeos, náuseas, problemas en las vías urinarias, la piel, estrés, depresión, ansiedad o muerte prematura. Toda esta evidencia da cuenta de que este no es un asunto meramente técnico que depende de cómo o quién lo haga, sino que implica daños e impactos socioambientales para la salud humana, el agua y los territorios.
A la luz de este momento político, debemos preguntarnos qué nos dice que municipios como Barrancabermeja, ciudad históricamente atravesada por el extractivismo petrolero o Puerto Wilches municipio amenazado por los Proyectos Pilotos Integrales de Fracking, hayan votado en primera vuelta, en contra de un proyecto político que promete “hacer fracking a lo que dé”. Tenemos una responsabilidad histórica frente a estos territorios que han defendido la vida por años, nos estamos jugando el futuro de nuestro país, de muchas comunidades y de ecosistemas estratégicos. Quienes hoy nos hacen un llamado a profundizar la discusión política sobre la necesidad de salir de los combustibles fósiles y construir una transición energética justa, vinculante, participativa y aterrizada a las realidades territoriales.