Comunicado de la Alianza Colombia Libre de Fracking
La Alianza Colombia Libre de Fracking informa a la opinión pública que ha radicado una “Alerta” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los avances del fracking en medio de la pandemia y mientras la ciudadanía no puede acceder a la justicia ni obtener información al respecto. En efecto, la rama judicial se encuentra parcialmente cerrada y el proceso en el que se declaró una moratoria judicial al fracking, en el Consejo de Estado, se encuentra suspendido. Este tribunal permitió adelantar proyectos piloto de fracking siempre que fueran de carácter científico, contaran con licencia social, instituciones robustas y tecnología de mínimo impacto. Sin embargo, el gobierno se ha burlarse sistemáticamente de estas exigencias, entre otras, de las siguientes formas:
- Publicó su primera propuesta del decreto sobre los Proyectos Piloto en época navideña para desestimular la participación de la ciudadanía y el debate público;
- Intentó aplacar los reclamos ambientales en el paro nacional, especialmente el rechazo popular y legítimo sobre el fracking, por medio de una “conversación nacional” en la que engañó a la ciudadanía firmando el tratado de Escazú sin la voluntad política real de ratificarlo (lo que realmente importa para que sea obligatorio) y mucho menos de cumplirlo, pues este tratado, justamente, desarrolla los derechos a la información, participación y justicia;
- Emitió el 12 de marzo de 2020 el Decreto 385 que apenas remienda con costuras superficiales su propuesta inicial, pero que de fondo desconoce las exigencias del Consejo de Estado;
- Continuó con la reglamentación de este decreto en medio de la pandemia y el cierre de los juzgados, en particular con la expedición de los términos de referencia de los Proyectos Piloto sin las condiciones de información, participación y justicia, y se encuentra desarrollando nuevas normas para avanzar con esta técnica en Colombia.
La Alianza Colombia Libre de Fracking alerta a la opinión pública sobre la gravedad de estos hechos que no solo amenazan nuestros bienes comunes, como lo hemos documentado ampliamente, sino que socavan nuestra democracia y el Estado social de derecho.
La crisis sanitaria actual es una expresión de la degradación ambiental del planeta y una antesala a lo que podría desatar la crisis climática en el futuro a corto, mediano y largo plazo. Solo será posible salir de esta crisis con un giro vital hacia otras formas de producción y uso de energía que se fundamenten totalmente en los principios democráticos de nuestra Constitución y de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quien alertamos esta situación. En consecuencia, hacemos un llamado enérgico a la opinión pública a rechazar y contener estos atentados contra nuestros derechos, los de la naturaleza y los de las próximas generaciones, y exigir garantías para una transición energética justa y democrática en Colombia.
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